Por segunda vez imputados en caso Pulpo conocerán revisión de su medida de coerción

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Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho en una audiencia del Caso Pulpo scaled

La audiencia estaba pautada para iniciar a las 9:00 a.m. pero no comenzó a tiempo. Foto: Roberto Cavada


Hoy un tribunal revisará la medida de coerción que pesan contra Alexis Medina, y los otros 10 imputados del caso de corrupción conocido como Pulpo, para determinar si se la ratifican o varían, algo que sucede por segunda ocasión.


El juez Pablo Imbert, quien funge como suplente en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, será quien conozca la vista.


La audiencia estaba pautada para iniciar a las 9:00 a.m. pero no comenzó a tiempo porque el imputado Rafael Germosén, excontralor general de la República, quien guarda arresto domiciliario, no había sido trasladado al tribunal.


En marzo último, el juez Amaruys Martínez, del propio tribunal, ratificó la medida coercitiva a los 11 acusados.


En ese sentido, Alexis Medina, y sus supuestos testaferros Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez Pineda, llevan ya seis meses cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.


En el mismo penal permanecen recluidos, pero desde diciembre, Francisco Pagán,exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Christofer, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).


Entretanto, Carmen Magaly Medina, hermana de Alexis y ex vicepresidenta del Fonper; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública cumplen la medida de arresto domiciliario.


Por su parte, Domingo Santiago Muñoz, alegado testaferro de Alexis, solo tiene presentación periódica.


Según las pesquisas del Ministerio Público, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, dio vida a un entramado corrupto que se benefició de los vínculos con el poder político para hacer negocios con entidades del Estado y beneficiarse por años con casi cinco mil millones de pesos.

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