Varias regiones de España se pronuncian en contra de limitaciones al ocio nocturno y la hostelería

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También desde la hostelería cuestionan la medida y amenazan con recurrir a la Justicia. Foto: RTVE


España ha puesto en vigor restricciones al ocio nocturno y la hostelería según la propuesta del Ministerio de Sanidad, lo cual ha desatado una fuerte reacción en las regiones gobernadas por el conservador Partido Popular (PP, en la oposición) y las más nacionalistas, que se niegan a acatarlas y amenazan con presentarse en los tribunales.


Con el apoyo de la mayoría de las regiones y con invitación del Gobierno de izquierdas, este miércoles aprobaron que los locales de ocio nocturno reabran hasta las 3 de madrugada y los de hostelería hasta la 1, permitiendo clientes en el interior, pero solo en las zonas de menor riesgo de coronavirus o hasta que el 70% de la población esté vacunada.


En la actualidad, esas medidas, de obligatorio cumplimiento, se aplicarían en las regiones con menos de 50 casos por cada 100,000 habitantes en 14 días, que actualmente solo cumplen Valencia (este) y las Islas Baleares (Mediterráneo), que vivieron los últimos meses con fuertes restricciones para controlar la pandemia.


No obstante, las regiones gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia) se oponen abiertamente, al igual que Cataluña y el País Vasco, con gobiernos nacionalistas, que consideran que la medida invade sus competencias.


De ellas, la Comunidad de Madrid, donde las restricciones para el ocio y la hostelería son muy blandas desde hace meses, ha sido la más combativa.


También desde la hostelería cuestionan la medida y amenazan con recurrir a la Justicia.


Entretanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, abogó hoy por trabajar con las regiones y les invitó a establecer "marcos de actuaciones comunes", al tiempo que refutó la opción de judicializar la cuestión.


En medio de la polémica, el Tribunal Supremo anuló hoy el toque de queda y otras limitaciones decretadas en Baleares tras el cese del estado de alarma, al considerar que el gobierno regional no justificó adecuadamente estas medidas, que restringen derechos fundamentales.

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