La corrupción hace metástasis en República Dominicana

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Lo Dice el Pueblo


República Dominicana.- “Los corruptos han convertido a República Dominicana en un paraíso para delinquir”, comentó el periodista y activista comunitario José Manuel Castillo, consultado por Sputnik acerca del caso más reciente de corrupción, conocido como Operación Coral, que involucra a altos jefes militares, policíacos y religiosos, bajo arresto en este momento.


“La corrupción en República Dominicana es un mal que nos arropa por décadas. Gobiernos tras gobiernos, se repiten hechos de corrupción y uno tapa al otro, o sea que la impunidad ha reinado en nuestro país”, expresó Castillo, analista del programa radial ‘Lo dice el pueblo’, que se transmite dese la ciudad de Santiago de los Caballeros (norte).


El pasado 24 de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de esa nación caribeña realizó un operativo identificado como Operación Coral, que involucra a oficiales y miembros activos del Ejército, la Armada Dominicana y la Policía Nacional.


Entre las personas arrestadas por delinquir se encuentra el mayor general Adán Cáceres, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el Gobierno del presidente Danilo Medina (2012-2020), el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cuerpo Especializado Seguridad Turística durante el mandato del expresidente Medina.


Otros involucrados son la pastora cristiana Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, miembro de la policía; el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez, y Erick Pereyra Núñez, también miembro de la Policía Nacional y sobrino del coronel Núñez de Aza, señalado como testaferro en varias empresas de su tío, destacan medios de noticias dominicanos.


Según el Ministerio Público, estas personas “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

La acusación agrega que los involucrados “se constituyeron en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020”.


Añade además, que en la actualidad “continuaban haciendo operaciones en instituciones del Estados a través de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el Ministerio Publico lleguen a sus manos”.


Un mal que dura años


En opinión de Castillo, los ocho años del Gobierno de Medina estuvieron “marcados por la corrupción y la impunidad”, al que se le enfrentó el movimiento Marcha Verde, donde muchos sectores sociales se unieron para exigir justicia y llevaron a la derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana, aunque muchos casos de corrupción de esa administración quedaron impunes.


“Este flagelo no nos permite tener logros ni alcanzar metas —agregó el analista dominicano—. Hablamos mucho de las Metas del Milenio (sobre desarrollo, acordadas por la ONU) pero nada de eso pudimos alcanzar. Tenemos un sistema de salud pública débil, y es a causa de la corrupción que tenemos hospitales que ni siquiera tienen equipamiento para realizar estudios diagnósticos, ni se apoya la ciencia médica, porque los corruptos nos quitan la posibilidad de invertir”.


El presentador de La voz del pueblo añadió que la corrupción impacta severamente en la canasta básica de alimentos. “Hemos visto que en los últimos meses, los precios de los productos de primera necesidad han aumentado”, dijo.


“Otro de los daños que provoca la corrupción en República Dominicana —enfatizó— es que el Estado no es capaz de invertir en grandes industrias que frenen las importaciones, al producir poco y depender de mercados externos, lo que causa una inestabilidad social que afecta a toda la población”.

Raíces profundas


El actual presidente dominicano Luis Abinader hizo énfasis, durante su campaña electoral, en que su Gobierno combatiría la corrupción imperante.


Después de la victoria electoral y el ascenso al poder del Partido Revolucionario Moderno, con Abinader como presidente de la República, la Procuraduría General desató una lucha anticorrupción que involucra a personeros del anterior gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.


Cuatro meses después de establecerse en el poder —en diciembre de 2020—, el nuevo gobierno dominicano asestó un golpe a la corrupción con la Operación anti-pulpo, que involucró al hermano del expresidente Medina, junto a otras 10 personas, que formaban parte una organización ilegal que robó al Estado dominicano millones de pesos.


Dos meses más tarde —febrero 2021— el Ministerio Público arremetió en contra de los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas, a quienes acusó de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, operativo conocido como Operación Caracol.


El estigma de la corrupción administrativa en República Dominicana tiene larga data, y tomó especial relevancia hace algunos años al darse a conocer los compromisos ilegales entre funcionarios de este país con la empresa brasileña Odebrecht, que salpicó a importantes figuras políticas de esa nación caribeña.

Ahora, la tarea más imperiosa de Abinader es frenar ese mal que se expande.


Miguel Fernández/Sputniknews

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