Peaje sombra es irreversible y habrá que pagarlo hasta 2038

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Tal y como se conoce fue un consorcio integrado por las empresas colombianas Grupo Odinsa y Grodco S.C.A. Ingenieros Civiles, y la empresa dominicana Consorcio Remix quienes construyeron la carretera Juan Pablo II- Boulevard Turístico del Atlántico y así lo estipula el contrato con Autopistas del Nordeste, que construyó y opera la vía Santo Domingo - Samaná.


Por tanto, si es de su interés evitar conflictos, el Estado dominicano y Autopistas del Nordeste, empresa dominico colombiana que opera la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, tienen mucho sobre qué dialogar.


Sin embargo, la complejidad del conversatorio no se limita al pago de un ingreso mínimo para mantener el equilibrio económico de la obra de infraestructura, tiene que ver fundamentalmente con los términos en que fue basado ese compromiso.


El Estado dominicano está obligado a desembolsar de manera “irrevocable e incondicional”, según se manifiesta en el modelo financiero de la concesión vial, un ingreso mínimo durante los 30 años de operación del proyecto. El mismo, según se prevée, sobrevivirá aún si ocurre la terminación anticipada del contrato, hasta el pago completo y final de la compensación que deberá recibir la empresa concesionaria, si el acuerdo legal llegara a romperse.


El Ingreso Mínimo Garantizado o “Peaje Sombra”, como popularmente se le conoce, se paga en dólares y su fin es cubrir a la empresa concesionaria de cualquier déficit de tráfico vehicular con relación al necesario, con el objetivo de que obtenga la tasa interna de retorno que persigue con su inversión.


Para su cálculo y actualización se tiene en cuenta: la tasa de cambio de venta del dólar en el Banco Central; el valor en pesos dominicanos de los peajes de la concesión y el índice de precios del consumidor en los Estados Unidos y en la República Dominicana, entre otras variables.


El contrato de construcción de dichas autopistas señala que la empresa encargada de su construcción y administración, también nombrada Autopista del Nordeste, S.A., financiaría de forma directa el 80 % del costo total de la obra, a cambio de que pudiera recaudar el 100 % de los peajes en ambos trayectos por tres décadas y de manera ininterrumpida.


Pasada más de una década de la entrada en funcionamiento de la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, el Estado dominicano ha abonado ya RD$26,835 millones al consorcio Autopistas del Nordeste S.A.


“Solo este año 2021 exigen el pago de RD$7,000 millones por ese concepto”, ratificó el presidente Luis Abinader Corona, al pronunciar su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el pasado 27 de febrero, lo que según precisó, representa casi el doble del costo original de la vía, lo que desde su punto de vista “es sencillamente inaceptable”.


Durante esta semana y por medio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Jefe de Estado dio el primer paso para buscar una salida legal al problema al contratar a Enmanuel Esquea Guerrero como abogado independiente para analizar el Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la Carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos y dar una opinión consultiva.

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