Ministerio Público solicita a tribunal ordene conducencia desde Brasil de tres testigos en caso Odebrecht

Lo Dice el Pueblo.-El Ministerio Público pidió al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional frenar el juicio de fondo contra los seis implicados en el caso Odebrecht, y que ordene la conducencia desde Brasil de los testigos Mauricio Dantas Becerra, Rodrigo Maluf Cardoso y Marcelo Hock.

“Esa es la realidad de este momento procesal. Al acoger solicitud de conducencia aplace la audiencia y fije la fecha tomando en cuenta los trámites necesarios para conducir a tres testigos que residen en el extranjero”, dijo el Procurador Especializado contra Corrupción Administrativa, Wilson Camacho.

 En la anterior audiencia el tribunal citó mediante acto de alguacil a Dantas Becerra de nacionalidad brasileña, quien era el primer testigo señalado por el Ministerio Público; sin embargo, su inasistencia a la sala fue motivo para que el proceso se pusiera en pausa.

Previamente, los jueces habían dictado orden de conducencia en su contra, pero más tarde revocaron la decisión, tras acoger un recurso de oposición presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Con el alegato de Dantas Bezerra se intenta probar en el tribunal la comunicación con fecha 5 de mayo de 2018, sostenida entre Odebrecht y el procurador general, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, inscrito el 17 de enero de 2008.

Asimismo, el Ministerio Público pretende probar lo relativo al contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A., suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009; además de todo lo relacionado a la documentación suministrada por Odebrecht sobre el acuerdo firmado con la Procuraduría en 2017.

Dantas Bezerra, abogado de profesión, fungió como apoderado especial o representante de Odebrecht en el momento en que la empresa firmó el acuerdo con la Procuraduría, convenio con el cual se comprometió a pagar US$184 millones en nueve cuotas pagaderas hasta el 2025, con el objetivo de resarcir los daños materiales y morales causados al país por los sobornos de aproximadamente US$92 millones que pagó la compañía para conseguir contratos públicos.

En el caso figuran como acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.