Colegio de abogados se opone a proyecto de Ley de Fideicomisos

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Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, declaró que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina. Foto:  


Este miércoles el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) colocó en el Senado de la República una oposición formal al proyecto de Ley de Fideicomisos, por suponer que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.


Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, declaró que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.


“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, aseveró el gremialista.


Surun Hernández mostró igualmente que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas favorezcan a empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.


El jurista mostró que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un "atentado al interés público".


Reveló además que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de PUNTA CATALINA, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.


El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.

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