Juez aplaza hasta la tarde del lunes medida de coerción contra imputados de operación Antipulpo

La audiencia de solicitud de medida de coerción contra los 11 exfuncionarios y proveedores del Estado (dos hermanos del expresidente Danilo Medina) acusados de supuestos delitos de corrupción, finalmente fue aplazada para este lunes a las 2:00 de la tarde, así lo dispuso el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.

La decisión del magistrado Vargas llegó tras cerca de 14 horas de audiencia, y respondió al evidente deterioro del estado físico de dos de los imputados, Francisco Pagán Rodríguez, quien fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Fernando Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

“Estoy mirando desde hace momento al señor Pagan y al señor Rosa. No todo el mundo tiene la misma capacidad de resistencia, por un asunto de humanidad y sensibilidad el juez si va tener que aplazar la audiencia atendiendo a ese imperativo”, señaló el juez.

Como se ha dicho en anteriores notas, en el banquillo de los acusados se encuentran los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, quienes fueran fundador y director del movimiento Tornado, Fuerzas Vivas con su hermano y anterior presidente de la República Danilo, y exvicepresidenta del Fonper, por ese orden.

Responden ante la justicia también Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andujar, excontralor general de la República y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quien fungió como director de fiscalización de la Oisoe.

Al igual que Julián Esteban Suriel Suazo; Domingo Antonio Santiago Muñoz; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda (este último detenido el pasado viernes), todos acusados de testaferros de Juan Alexis Medina Sánchez, al que se le tilda de ser el cabecilla de un entramado delictivo que le permitió beneficiarse con sumas millonarias, valiéndose de una relación comercial con el Estado amparada en sus vínculos con el poder político.

En la petición de medida de coerción presentada por el Ministro Público en contra del grupo, se acusa a los involucrados Fernando de la Rosa y Magalys Medina, de utilizar el Fonper como un bien propio para beneficiar a la exdiputada Lucía Medina Sánchez, a quien se la transfirieron fondos por más de RD$78 millones de pesos entre 2016 y 2018.

Apuntan además que se construyeron unas 390 viviendas en San Juan de la Maguana en el 2018, mediante los procesos números FONPER – SO-01-2018 y FONPER-SO-02-2018, las cuales, según el Pepca, eran entregadas en proselitismo político por Lucía Medina.

En el caso de Alexis, la Pepca acotó que las licitaciones supuestamente irregulares con que se habría beneficiado funcionaban a través de sus empresas en diversas instituciones del Estado. Dice que en la Oisoe, a Alexis Medina se le consideraba por encima del propio director, Francisco Pagán.

Como se conoce, la Pepca ha solicitado el cierre de varias de esas empresas, entre ellas, Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply orporations,Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL